Diputados detienen proyecto que permitía contrataciones sin licitación

 En una votación unánime de 43 legisladores, este martes, se frenó el avance del proyecto de ley que reformaba la Ley General de Contratación Pública, el cual generaba controversia por permitir la contratación directa de obra pública, bienes y servicios sin licitación y por debilitar el control sobre estos contratos.

El proyecto de ley, impulsado por el jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, proponía excepciones a las contrataciones realizadas por la Cruz Roja Costarricense, excluyéndolas de los mecanismos de control fiscal establecidos. Además, la reforma también exoneraba de las normas de control los acuerdos de costo compartido con otros Estados, organizaciones internacionales o entidades de derecho internacional público, lo cual fue señalado como un riesgo por la Contraloría General de la República (CGR).

La oposición a estas reformas se centra especialmente en la modificación que permitiría contratar sin licitación pública a organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), lo que, según la Contraloría, abriría la puerta a contrataciones directas que podrían ser opacas y fuera de la supervisión del órgano fiscalizador.

La Contralora General, Marta Acosta, advirtió el 31 de marzo en una carta urgente que los cambios introducidos en la Comisión de Asuntos Sociales no resolvían el riesgo de contratación a dedo, lo que violaría el artículo 182 de la Constitución, que exige procesos de licitación transparentes. Acosta destacó que, aunque la reforma ya no excluía completamente a los sujetos de derecho público internacional de la Ley de Contratación Pública, seguían existiendo serios riesgos respecto a la contratación de obras sin concurso público, lo que podría debilitar la fiscalización estatal.

La funcionaria también recordó que, en ocasiones anteriores, algunos organismos internacionales se habían negado a proporcionar información sobre el uso de fondos públicos, amparándose en privilegios e inmunidades, lo que dificultaba aún más el trabajo de fiscalización de la Contraloría.

Con la retrotracción del expediente al primer debate, el proyecto será revisado nuevamente y se harán modificaciones sustanciales antes de ser sometido a un nuevo análisis legislativo.