Costa Rica da el primer paso para reformar el financiamiento de la pauta electoral

 Costa Rica

Una comisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha aprobado un proyecto de ley que podría transformar la manera en que se financia la pauta electoral en el país. La propuesta plantea que los partidos políticos puedan utilizar recursos adelantados de la contribución estatal para financiar su publicidad en medios como radio, televisión y plataformas digitales durante las campañas electorales.

El proyecto, conocido como expediente 24.346, recibió el respaldo de cuatro diputados, mientras que uno se opuso. La oposición vino del diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien consideró que el papel asignado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como intermediario entre los partidos y los medios es excesivo y “un acto de intervención”. Según Campos, esta medida afecta la autonomía de los partidos políticos al involucrar al TSE en decisiones relacionadas con la compra de publicidad.

Por su parte, el jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, defendió la propuesta, asegurando que no hay intervención por parte del TSE. Según Ortega, los partidos seguirían siendo los encargados de decidir los montos, los medios y los plazos para la publicidad, sin que el TSE interfiera en esos aspectos. Además, recordó las recomendaciones recurrentes de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación durante las campañas electorales.

El proyecto modifica el artículo 96 del Código Electoral. Una de las principales modificaciones es la reducción del porcentaje del financiamiento anticipado que los partidos políticos pueden recibir, pasando del 15% al 10% de la contribución estatal.

Según el proyecto, el 80% de este adelanto sería administrado por el TSE para financiar la compra de espacios publicitarios en medios nacionales de comunicación (televisión, radio y prensa, incluidos los medios digitales). De ese total:

• El 50% se distribuiría proporcionalmente entre los partidos con representación en la Asamblea Legislativa.

• El 45% se distribuiría equitativamente entre todos los partidos inscritos a nivel nacional que presenten candidaturas presidenciales, vicepresidenciales y a diputados.

• El 5% restante se dividiría entre los partidos provinciales que presenten candidaturas para diputados.

El 20% restante del adelanto podría ser recibido directamente por los partidos, pero con la condición de que presenten garantías suficientes.

El TSE jugaría un rol clave en la administración de estos recursos, ya que el financiamiento anticipado para pauta publicitaria no estaría sujeto a garantías, a diferencia de otros fondos públicos. Andrei Cambronero, abogado del TSE, explicó que la razón por la cual el ente electoral debería encargarse de la administración de los recursos es para garantizar la equidad durante la contienda electoral, evitando que algunos partidos queden fuera por la falta de caución.

Durante las elecciones nacionales de 2022, ningún partido pudo acceder al anticipo debido a la falta de garantías. Esta nueva propuesta busca facilitar el acceso a esos fondos sin la necesidad de garantías, una medida que según Cambronero beneficiará especialmente a los partidos con menos recursos.

Gilberto Campos, del PLP, se mostró firme en su oposición a la propuesta, calificándola de intervencionista. El diputado criticó la asignación de funciones al TSE como contratante de la pauta publicitaria, argumentando que esto limita la libertad de los partidos para decidir sobre su estrategia electoral. Además, planteó que, en caso de problemas con la publicidad contratada, los partidos tendrían que dirigir sus quejas al TSE, lo que complicaría aún más el proceso.

Campos también expresó su desacuerdo con la distribución de los recursos y la limitación de la contratación de publicidad solo a medios nacionales. Consideró que esto podría generar responsabilidades adicionales para el TSE, especialmente en términos administrativos y civiles.

Uno de los problemas recurrentes en el financiamiento electoral de Costa Rica es la disparidad en el acceso a la publicidad, con los partidos más grandes y con más recursos obteniendo una ventaja significativa sobre los más pequeños. Esta desigualdad ha sido señalada en varios informes de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha instado al país a adoptar mecanismos que garanticen un acceso equitativo a los medios de comunicación durante las campañas.

La OEA ha sugerido la implementación de espacios para la difusión de propaganda electoral, financiados con fondos públicos, para asegurar que todos los partidos, independientemente de su capacidad financiera, puedan tener visibilidad ante el electorado.

A diferencia de otros países de América Latina que han optado por las franjas electorales, en Costa Rica el TSE sería responsable de contratar y pagar la pauta publicitaria, lo que marca una diferencia significativa en la manera en que se han gestionado estos fondos en la región.

El proyecto de ley aún está en proceso, pero de aprobarse, podría redefinir el financiamiento de las campañas electorales en Costa Rica, buscando garantizar una mayor equidad en el acceso a los medios. Mientras tanto, las opiniones sobre su implementación siguen divididas, con algunos apoyando la medida como una solución a las desigualdades históricas en el acceso a la publicidad, mientras que otros la consideran una intervención innecesaria en la autonomía de los partidos políticos.

Fuente: Nación