Elecciones 2026: TSE reducirá significativamente la deuda política
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aplicará un importante recorte en la deuda política destinada a financiar las campañas electorales de los partidos políticos en las elecciones nacionales de 2026 y las municipales de 2028. La reducción responde a una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el presidente Rodrigo Chaves.
El nuevo esquema de financiamiento establece que los recursos asignados disminuirán del 0,19% al 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB). En términos monetarios, esto significa que el monto total destinado a ambas campañas pasará de aproximadamente ¢93.000 millones a cerca de ¢54.000 millones. Para los comicios nacionales de 2026, los partidos políticos contarán con poco más de ¢39.000 millones.
La modificación se basa en una iniciativa presentada por el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), quien originalmente propuso reducir el financiamiento electoral al 0,085% del PIB, lo que habría significado un presupuesto de ¢41.685 millones. Sin embargo, tras intensas negociaciones entre las distintas fracciones legislativas, se acordó fijar el porcentaje en 0,11%.
El Tribunal Supremo de Elecciones expresó su conformidad con el ajuste. Andrei Cambronero, vocero del TSE, recordó que desde marzo de 2023 el organismo había propuesto una reforma constitucional para establecer de manera definitiva el 0,11% como el límite de la deuda política.
Cambronero explicó que, desde 1997, la Constitución Política determina que el Estado debe aportar un 0,19% del PIB para la financiación de campañas, aunque el Congreso puede reducir ese porcentaje mediante leyes transitorias. Esta facultad ha permitido que el financiamiento electoral varíe en cada proceso electoral.
Por ejemplo, en los comicios de 1998 y 2006 se mantuvo el 0,19%, mientras que en 2002 el monto bajó al 0,10%. En las elecciones de 2010, 2014 y 2018, el porcentaje se redujo al 0,11%. En 2022, debido a la crisis económica derivada de la pandemia, los diputados aprobaron un recorte más drástico, fijándolo en un 0,085%.
Antes de la reforma de 1997, la deuda política se calculaba de manera diferente: no podía exceder el 2% del promedio de los presupuestos nacionales de los tres años anteriores a la elección.
Con este nuevo ajuste, el Estado busca optimizar los recursos destinados a la política electoral y adecuar el financiamiento a las condiciones económicas del país.
Fuente: Nación
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