Legisladores rechazan propuesta para eliminar la DIS
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico rechazó la propuesta legislativa 24094, que buscaba la eliminación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado (DIS), entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia. La iniciativa, impulsada por la diputada Priscilla Vindas del Frente Amplio (FA), proponía redistribuir las funciones de la DIS entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública, según sus competencias especializadas.
Vindas argumentó que la DIS opera sin control democrático y sin rendir cuentas, lo que, según su criterio, atenta contra el Estado de derecho y la transparencia institucional. La diputada afirmó que el organismo ha sido señalado por distintos sectores políticos y sociales como una amenaza para la democracia.
El proyecto de ley destacaba diversas denuncias sobre el uso de la DIS con fines contrarios a su creación. Entre los casos mencionados, se incluyó una denuncia de 2008 en la que el Ministerio Público y el OIJ acusaron a un alto funcionario de la DIS de utilizar datos privados en una trama de extorsión. Además, en 2023, el gobierno supuestamente ordenó la revisión de dispositivos electrónicos de ministros y funcionarios de Casa Presidencial por una presunta fuga de información, hecho denunciado por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro.
La intención de disolver la DIS no es nueva. En 2008, el diputado José Merino (FA) presentó una iniciativa similar, seguida por propuestas de legisladores de otros partidos como el Movimiento Libertario, Liberación Nacional y Acción Ciudadana. En 2011, José María Villalta retomó el tema, y en 2014, Otto Guevara presentó el expediente 19.125 con el mismo objetivo.
La Defensoría de los Habitantes también manifestó en 2016 su preocupación por la falta de transparencia en las actividades de la DIS, y en 2017 se presentó otro proyecto de ley (expediente 20.411) buscando su eliminación.
A pesar de los reiterados intentos, la DIS se mantiene en funciones, respaldada por sectores que consideran su labor fundamental para la seguridad del Estado. La discusión sobre su continuidad sigue siendo un tema recurrente en la agenda política nacional.
Fuente: Nación
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